Pasaron cuatro meses y no pasó nada. Córdoba ya adhirió y en Buenos Aires dio resultado.
El pasado 5 de marzo entró en vigencia una ley complementaria de ley de Riesgos del Trabajo para contrarrestar la industria del juicio laboral, un fenómeno que pone en jaque al sistema, amenaza la sustentabilidad de las empresas y pone en riesgo fuentes de empleo.
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que requirió al gobernador Miguel Lifschitz la adhesión de la Provincia pero hasta ahora -a diferencia de lo que ocurrió en Córdoba- nada se avanzó. “Seguimos esperando un debate serio y comprometido por parte de los poderes públicos locales para consensuar una norma de adhesión, efectiva y eficiente·, enfatizó Walter Andreozzi, prosecretario de Fisfe.
Directivos de la entidad fabril se reunieron con el gobernador y varios de sus ministros, legisladores, funcionarios de la Superintendencia del sector. “La sensación es de que cada uno comprende y entiende la situación; pero se siente ajeno a coadyuvar en su solución. Parece que fuera un problema “del otro”. Y como nosotros, como sector industrial, “somos el otro”, es decir los que seguimos pagando alícuotas extraordinarias; para costear los desvíos del sistema. Por eso pedimos acción y responsabilidad en dicho debate. No es momento de simplificaciones ideológicas y/o prejuicios; que muchas veces le dan amparo a los cómplices de los abusos”.
Andreozzi manifestó la urgente necesidad de constituir la comisión, con los ministerios competentes, el Poder Judicial, SRT, patronales y gremios para consensuar un proyecto de ley de adhesión. Allí se deberá articular la creación de nuevas comisiones médicas en Santa Fe (al menos una por nodo; lo que implicaría la constitución 4 nuevas comisiones médicas); que sumadas a otras reformas asegure a los trabajadores el ejercicio de sus derechos y a las empresas certeza en sus costos. Algo así se hizo en Córdoba, y la adhesión salió a principios de mayo. La nueva norma también se aplica en Ciudad de Buenos Aires y allí los juicios cayeron un 20% y las alícuotas que las ART cobran a las empresas un 30%.
Según Andreozzi, la adhesión por sí sola no agota el debate sobre la seguridad y salud de los trabajadores. “Para ello se comenzó a debatir una ley de prevención; que será el instrumento que contemple todos los avances en materia de higiene y seguridad”. La Provincia ha sido pionera en esa materia, con la ley que instauró la obligatoriedad de los Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas santafesinas, una experiencia que respaldó e impulso Fisfe la década pasada.
Los industriales santafesinos plantean que el tema es de gravedad tal que merece quedar al margen de parálisis legislativa que siempre acompañan a los procesos electorales. “La respuesta está en manos del poder político provincial”, completó Andreozzi.